Venezuela: Informe de Derechos Humanos revela miles de ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno

La alta Comisionada de Naciones Unida para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet / (Foto: EFE)

Durante la presentación del documento, en Suiza, la alta comisionada de Derechos Humanos reveló también otros abusos del régimen chavista.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes 5 de julio, ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza), un informe que detalla la situación política y social en Venezuela. El documento revela que hubieron más de 6 800 ejecuciones extrajudiciales en el país sudamericano en poco más de un año.

Las ejecuciones de ciudadanos venezolanos fueron realizadas por las fuerzas de seguridad entre enero de 2018 y mayo de 2019. El informe concluye que se trata de “graves vulneraciones de derechos” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Declaraciones de Michelle Bachelet

Bachelet, por su parte, declaró que “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”.

En su discurso de presentación del documento, manifestó que “el destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”.

Bachelet denunció el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes” y “ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”.

La también expresidenta de Chile manifestó su deseo de que los venezolanos merezcan “una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”.

Críticas al informe por parte de Venezuela

Sin embargo, el informe fue criticado ese mismo día por la delegación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. Su representante, el viceministro de Asuntos Exteriores, William Castillo, calificó este documento como “parcial” y lleno de “graves errores metodológicos”.

Castillo resaltó que 460 de los 558 venezolanos entrevistados residían fuera de ese país, algo que incluso Bachelet ya había admitido. Los investigados que se encontraban fuera de Venezuela habían migrado a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España.

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